Llamado a salvaguardar la relación entre la ciencia y la sociedad en México

y a proteger los derechos de las personas acusadas

En México se está viviendo una situación de extrema gravedad, generada por la acusación de la Fiscalía General contra personas que, insertas en el ámbito académico o de la gestión, desempeñaron durante la década pasada labores de conducción en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pese a que en dos instancias la justicia federal no encontró motivos para proceder penalmente, se les achaca a esas personas un cúmulo impresionante de supuestos delitos – peculado, lavado de dinero, delincuencia organizada – y se pide su encarcelamiento en un penal de máxima seguridad. Sus derechos están en serio riesgo.

Muy variadas instituciones mexicanas e internacionales han manifestado su preocupación, aportado elementos significativos para desvirtuar los cargos y llamado a las autoridades mexicanas a encauzar el proceso en un clima de serenidad y respeto a la justicia. Diversos pronunciamientos, incluyendo algunos de las propias personas acusadas, reivindican que no se trata en absoluto de evitar la investigación de eventuales conductas punibles sino, por el contrario, de llevarla adelante en condiciones que permitan llegar a la verdad en el marco de la legalidad.

Se intenta criminalizar, con acusaciones desmedidas y mediáticamente multiplicadas, el accionar de personas que han representado a las instancias académicas en organismos encargados de asesorar a las autoridades públicas en el impulso a las labores científicas y tecnológicas como formas de la creación cultural y como herramientas para la mejora de la calidad de vida de la gente. Las discrepancias en torno a las políticas más adecuadas para tales propósitos deben ser abordadas en ámbitos de discusión plural y respetuosa de las divergencias que son lo propio tanto de la democracia como de la ciencia bien entendidas. No es eso lo que ha venido sucediendo. Es de temer que este indebido proceso que lleva adelante la Fiscalía General de México genere muy dañinas brechas entre la ciencia y la sociedad mexicana.

La Academia Nacional de Ciencias del Uruguay suma su voz a la de todas las instituciones, organizaciones y personas que manifiestan su gran inquietud por los acontecimientos brevemente mencionados en este texto que están afectando negativamente la relación entre la ciencia y sociedad y se permite solicitar respetuosamente al gobierno democrático de México que proteja el debido proceso a nivel de la justicia.

Por la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay, Consejo Directivo de la. ANCiU.